¿Volveremos al efectivo para comprar combustible?

Por RAFAEL RAMIREZ MEDINA

La advertencia de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) sobre la posibilidad de suspender el pago con tarjetas de crédito en las estaciones de combustible coloca sobre la mesa un
problema que va mucho más allá de una disputa entre comerciantes y entidades financieras.

Aunque hasta el momento se trata de una advertencia y no de una medida generalizada, sus posibles consecuencias afectarían directamente al consumidor, la seguridad, la bancarización y la
modernización del sistema de pagos del país.

El origen del conflicto está en las comisiones que deben asumir las estaciones por las transacciones realizadas mediante tarjetas. Según los planteamientos del sector, estas pueden oscilar aproximadamente entre un 1.95 % y un 4 % del monto procesado. El problema es que el expendio de combustibles no funciona como un comercio ordinario, el precio y los márgenes de comercialización están sujetos a regulación, por lo que el detallista tiene una capacidad limitada para absorber costos
adicionales o trasladarlos al consumidor.

Existe además una distorsión que merece especial atención. La comisión por el procesamiento de la tarjeta se calcula sobre el valor total pagado por el consumidor en la estación. Ese precio contiene una importante carga tributaria que forma parte de la estructura oficial del precio de los combustibles. En consecuencia, la comisión financiera no recae exclusivamente sobre el componente económico que corresponde al detallista, sino sobre el monto completo de la operación.

Cuando aumenta el precio del combustible, también aumenta en términos absolutos el costo de procesar una transacción calculada porcentualmente, mientras el margen regulado del detallista no
necesariamente aumenta en la misma proporción. De ahí surge una reclamación que merece ser analizada: ¿resulta razonable aplicar a un producto de precio regulado el mismo esquema porcentual utilizado para actividades comerciales cuyos márgenes y precios pueden ser determinados libremente?

Sin embargo, eliminar las tarjetas tampoco parece ser la solución. El ciudadano perdería comodidad, seguridad y facilidades de pago, mientras las estaciones tendrían que manejar mayores cantidades de efectivo, aumentando los riesgos de robos, errores, custodia y transporte de valores.

Sería paradójico que, mientras el mundo avanza aceleradamente hacia medios electrónicos de pago, en la República Dominicana tuviéramos que regresar al efectivo para realizar una operación tan cotidiana como comprar combustible.

Existe además otro elemento que no debe ignorarse, la trazabilidad de las operaciones. El pago electrónico deja un registro verificable de las transacciones y fortalece la formalización y los mecanismos de
información financiera y tributaria. Aunque dejar de aceptar tarjetas no constituye por sí mismo evasión fiscal, una migración significativa hacia el efectivo reduciría esa trazabilidad electrónica.

No parece coherente impulsar la bancarización y la formalización de la economía mientras, al
mismo tiempo, se permite que millones de operaciones puedan regresar al efectivo.

Por esa razón, el Estado no debería observar este conflicto como un simple desacuerdo comercial entre bancos y estaciones de combustible. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, conjuntamente con las autoridades monetarias y financieras dentro del ámbito de sus respectivas competencias, puede propiciar una mesa técnica que permita encontrar una solución equilibrada antes de que el problema termine perjudicando al consumidor.

Entre las alternativas que deberían evaluarse se encuentra establecer un tratamiento diferenciado para las transacciones de combustibles, considerando que se trata de productos con precios y márgenes
regulados. También podría analizarse la viabilidad de tarifas fijas por transacción, tasas preferenciales o mecanismos que eviten que la comisión porcentual recaiga de igual manera sobre componentes del
precio que no representan ingresos propios del detallista.

Cualquier solución deberá respetar el marco contractual, financiero y regulatorio vigente. El objetivo no debe ser favorecer exclusivamente a los bancos ni a los detallistas. Debe ser preservar un sistema de pagos moderno, seguro y económicamente sostenible. Las estaciones tienen derecho a plantear que
sus costos financieros están afectando su rentabilidad; las entidades inancieras tienen derecho a cobrar por los servicios que prestan; pero el consumidor tampoco debe convertirse en quien finalmente pague las
consecuencias de una estructura que puede y debe ser revisada.

La República Dominicana ha realizado importantes esfuerzos para promover la bancarización, la inclusión financiera y los medios electrónicos de pago. Obligar al ciudadano a regresar al efectivo para comprar combustible sería caminar en dirección contraria. El problema de las comisiones debe resolverse mediante regulación, negociación y equilibrio económico, no sacrificando los avances alcanzados en
seguridad, transparencia y modernización.

Evitar que esta advertencia se convierta en realidad requiere diálogo y voluntad entre las estaciones, las entidades financieras y el Estado. El combustible ya representa una carga importante para el bolsillo de las familias; no agreguemos ahora la dificultad de tener que cargar efectivo para poder comprarlo. Modernizar significa corregir las distorsiones del sistema, no obligar al ciudadano a retroceder.

Finanzas para no financieros.

sp-am