Abusos en RD con incentivos y exoneraciones

La Ley de Promoción Turística establece exoneraciones de importación de equipos y de Impuesto sobre la Renta para las construcciones de hoteles en zonas turísticas. Sin embargo, no sé si fue en los gobiernos de Leonel Fernández o en los de Danilo Medina que un ingeniero con mucha influencia política logró esa exoneración para un aparthotel en Naco.

Desde entonces Confotur otorga esas exoneraciones a las torres que se están construyendo en la ciudad capital, sobre todo en Piantini y avenida Anacaona, aunque cuando ningún turista las habite.

La Ley de Incentivo Fronterizo busca estimular inversiones privadas en esa zona del país, pero una fábrica de refrescos extranjera, porque los refrescos pagan impuestos de rentas internas muy altos, al igual que el ron y la cerveza, logró clasificarse para operar desde la frontera sin pagar impuestos y así tener una extraordinaria ventaja de costos con relación a los refresqueros que operan pagando los impuestos de rentas internas.

Eso puso a pensar a los Brugal, Bermúdez y Barceló a también mudarse allí para evitar altísimos impuestos y fue solo cuando Hacienda abrió los ojos que los desestimuló.

El Gobierno exonera de los altos impuestos a los carros importados por congresistas y por eso estos piden Lamborghini y Mercedes Benz para revender las exoneraciones. Los profesores de la UASD también consiguen exoneraciones, mas no los de las universidades privadas.

Existe en el Congreso Nacional un proyecto de ley para exonerar los yates de los ricos, pero estos ya evaden ese impuesto al colocarles banderas extranjeras a los mismos.

Quien esto escribe se beneficia del subsidio en el precio de la gasolina cuando lo correcto es que el mismo debe limitarse a los pobres, a través, por ejemplo, de tarjetas de débito o cupones a los taxistas, reduciéndoles el costo del combustible.

Casinos

La Ley de Casinos originalmente limitaba su existencia a hoteles en zonas turísticas para que solo los turistas pudiesen gastar dinero en los juegos de azar. Pero ya Villa Duarte está llena de casinos, para solo citar una zona no turística.

En la provincia La Altagracia la electricidad la suple en su zona turística una empresa privada que cobra por encima del costo, pero no da apagones. En el resto de la provincia Edeeste suple la electricidad a precios subsidiados, pero con apagones y no cortándole la luz a los que no pagan.

Los talleres de mecánica, de electricidad y otros servicios se están mudando de la zona turística para irse a la ciudad de Higüey y así no tener que pagar por la electricidad, enfrentando los apagones con plantas propias.

Esas excepciones otorgadas por las leyes de incentivo, que también abarcan a las zonas francas, son en parte responsables del hecho de que los impuestos que pagamos representan una de las proporciones más bajas en América Latina y el Caribe.

Como una cuarta parte de lo que se recauda tiene que ir para pagar intereses de la deuda interna y externa y otra parte importante para cubrir los subsidios a la luz y los combustibles, y como también cada año aumenta la cantidad de empleados públicos, a pesar de la digitalización y ahora la inteligencia artificial, lo que queda para dedicar a inversiones públicas es muy bajo, apenas un 10% del presupuesto, mientras en tiempos de Joaquín Balaguer las inversiones llegaban a un 50%.

El crecimiento económico aumenta en la medida en que la inversión pública y privada es alta, y el principal motor de nuestro crecimiento en años recientes lo ha sido, consecuentemente, la inversión privada, incluyendo la extranjera, no lo púublica.

Leyes de incentivo que no incentivan la inversión en el sector para el cual fueron diseñadas, dejan de tener sentido. Exonerar a los más pudientes a expensas de contar con pocos recursos para suplir buena educación y salud a los pobres, contribuye a la ya grave injusticia social en nuestro país.

Pero hablar de esto a dos años de elecciones es un grito en el desierto.

jpm-am