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Dice niegan derechos haitianos nacidos en la R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- La Coordinadora Popular Nacional (CPN) afirmó que el Estado dominicano mantiene una “deuda histórica” con los dominicanos de ascendencia haitiana, señalando que miles de personas continúan afectadas por…

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SANTO DOMINGO.- La Coordinadora Popular Nacional (CPN) afirmó que el Estado dominicano mantiene una “deuda histórica” con los dominicanos de ascendencia haitiana, señalando que miles de personas continúan afectadas por políticas de desnacionalización, exclusión y negación de derechos fundamentales.

En un documento público difundido este jueves, la organización sostuvo que muchas personas nacidas en la República Dominicana enfrentan dificultades para obtener documentos de identidad, acceder a servicios de salud, continuar estudios y ejercer derechos civiles, pese a haber sido reconocidas durante años como ciudadanos dominicanos.

La CPN cuestionó especialmente la sentencia TC/168/13 emitida en 2013 por el Tribunal Constitucional, al considerar que reinterpretó de manera retroactiva el derecho a la nacionalidad de hijos de inmigrantes haitianos nacidos en territorio dominicano entre 1929 y 2010. Según la organización, esta decisión colocó a cientos de miles de personas en una situación de vulnerabilidad jurídica y social.

Aunque posteriormente fue aprobada la Ley 169-14 para regularizar parte de los casos, la entidad aseguró que todavía existen miles de afectados atrapados en un “limbo jurídico”, sin garantías plenas de ciudadanía ni acceso efectivo a derechos básicos.

La Coordinadora Popular Nacional también denunció prácticas discriminatorias y expresó preocupación por detenciones y expulsiones arbitrarias durante operativos migratorios, incluso contra personas nacidas en el país. Además, citó informes y pronunciamientos de organismos internacionales sobre violaciones al derecho a la nacionalidad y al debido proceso.

Entre sus demandas, la organización pidió al Estado dominicano restituir plenamente la nacionalidad a los afectados, garantizar el acceso a derechos civiles, sociales y económicos, y poner fin a prácticas que consideran discriminatorias.

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