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Primer ministro Granadinas dice es «inaceptable» trato RD a los haitianos

San Juan, Puerto Rico (EFE).-El primer ministro de San Vicente y las granadinas, Ralph Gonsalves, consideró hoy «inaceptable» la política migratoria aplicada en República Dominicana porque a los descendientes de…

Omar Fourment··Comentar

San Juan, Puerto Rico (EFE).-El primer ministro de San Vicente y las granadinas, Ralph Gonsalves, consideró hoy «inaceptable» la política migratoria aplicada en República Dominicana porque a los descendientes de haitianos nacidos en ese país «se les niega la ciudadanía por cuestiones étnicas o por sus orígenes nacionales».

«Es inaceptable tener una política pública en relación con la ciudadanía basada en la etnicidad o en los orígenes nacionales», defendió el expresidente de la Comunidad del Caribe (Caricom).

En una conferencia de prensa, Gonsalves rechazó la decisión de República Dominicana de implementar un Plan de Regularización para Extranjeros e indicó que es «simplemente inaceptable» porque a los descendientes de haitianos nacidos en esa nación «se les niega la ciudadanía por cuestiones étnicas o por sus orígenes nacionales».

Gonsalves calificó las deportaciones de descendientes de haitianos como una «mancha» y actitud «antiética» de República Dominicana.

El pasado miércoles terminó el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, según cifras del Ministerio de Interior y Policía, y tras el cual entró en vigor una segunda fase, que prevé el inicio de operativos de repatriaciones.

El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que no solo se lleven a cabo deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.

El Plan de Regularización para Extranjeros, calificado como el «más ambicioso» en materia migratoria en el país, se puso en marcha junto a la Ley especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.

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